Hace dos meses que la situación del poblado Puerta de Hierro había entrado en vías de solución, con el prometido realojo de todas las familias afectadas y la reapertura del antiguo expediente en la EMVS. Pero las promesas de Ayuntamiento de Madrid parecen huecas ante los últimos acontecimientos, que ponen en cuestión su capacidad de cumplimiento en cuestiones sociales tan urgentes como los desalojos forzosos y sin condiciones, prohibidos expresamente por los tratados y pactos internacionales que España ha firmado y ratificado.
Ante los graves hechos de desalojos y derribos ilegales a los que han sometido a los pobladores de Puerta de Hierro de forma continuada desde el 2010, atentando contra los derechos fundamentales de personas, y a pesar de las denuncias ante organismos nacionales e internacionales, la administración no ha encontrado otra forma más burda ni estúpida de reaccionar, que contra-atacando con la amenaza de nuevos derribos en el poblado.
En clara contradicción con las reuniones mantenidas hasta el momento entre el Ayuntamiento, el IVIMA, y la portavocía de Puerta de Hierro, en el marco de un compromiso expreso de realojo de todas las familias afectadas por esta monstruosa situación, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, en un nuevo ejercicio de olvido de su obligación más básica (proteger a los ciudadanos), inicia otra agresión contra el poblado.
Esta vez se trata de una nueva orden de desalojo desde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n º 3 emitido contra una casa que ya ha sido protegida por otra orden anterior del Juzgado de lo Contencioso n º 12. Una maniobra oscura, cuando no insólita, que destaca el grado de contradicción institucional.
Además, retrata claramente la política revanchista del Ayuntamiento frente a las denuncias por su incumplimiento en materia de derechos humanos, y el trasfondo de especulación inmobiliaria como móvil principal en la expropiación de los terrenos propiedad de los residentes del poblado.
Ante la enorme gravedad de los hechos, y el desamparo administrativo y judicial al que les llevan actuaciones semejantes, los abogados de Puerta de Hierro no han tardado en estudiar dicha orden y en plantar respuesta judicial, presentando un Recurso Urgente de Amparo al Tribunal Constitucional, por vulneración de derechos fundamentales de las personas, y solicitando la suspensión de la nueva orden de desalojo.
Frente a este nuevo atentado contra los pobladores de Puerta de Hierro, denunciamos firmemente la actuación del consistorio de Madrid, y cuestionamos como en otros casos la lógica de fondo de las instituciones en su evidente empeño en que la actual crisis se cebe con los más débiles.
Asamblea Popular de Moncloa -Poblado Puerta de Hierro
